Por: Andrés Felipe Múnera C.
Politólogo
(imagen de: PanAm Post)
La corrupción ha sido el pan de cada día desde que Colombia se convirtió en un país libre y soberano. La ambición por el poder ha demostrado hasta dónde es capaz de llegar una persona y así muchos de nuestros gobernantes han logrado llegar al puesto más importante del país. Recientemente, los escándalos de corrupción han golpeado las democracias latinoamericanas pero sobre todo a una gigante multinacional de la construcción como es Odebrecht, la cual fue la causante del enjuiciamiento de los líderes políticos más importantes en el continente.
Candidatos a cargos públicos en Brasil, Chile, Colombia, Perú y Venezuela han sido señalados por los jueces, que han hecho seguimiento a este caso, de ser los principales beneficiarios en la entrega de dinero para campañas presidenciales a cambio de favorecer a la empresa en los contratos en obras de construcción desarrolladas en dichos países.
Centrándonos en Colombia, la situación jurídica de miembros de las campañas de Juan Manuel Santos y Óscar Iván Zuluaga aún no se ha definido. Tanto Santos como el exministro de hacienda de Uribe, siguen defendiéndose y culparse el uno al otro para tratar de ocultar, el mayor tiempo posible, las pruebas que tiene sobre ellos y sus más cercanos colaboradores la justicia colombiana que en alianza con la Procuraduría de Brasil está tratando de entender cuál fue la participación de estas campañas con Odebrecht.
A pesar de que se ha avanzado en varios aspectos y que algunos miembros de ambas campañas políticas han sido juzgados y otros están a la espera del juicio, los principales responsables de estos hechos de corrupción siguen libres. No existen muchas pruebas para demostrar la participación de Juan Manuel Santos en estos negocios turbios, como tampoco de Óscar Iván Zuluaga, quien en las últimas semanas ha atacado al expresidente culpandolo de ser el principal responsable de la corrupción de la multinacional brasilera en Colombia.
A pesar de que se han visto avances importantes en la investigación y captura de los sindicados en esta trama de corrupción, es muy poco lo que ha logrado la justicia colombiana comparado con las decisiones que se han tomado en Perú de enjuiciar a sus expresidentes o en Brasil donde se llevó a cabo un juicio político a una Dilma Rousseff.
El uribismo, que esta actualmente en el poder, tratará por todos los medios de conservarlo. Las diferentes fuerzas políticas lucharán para tomar el poder y utilizan al igual que lo hace el ex presidente Uribe, todas las herramientas que las redes sociales tiene para hacer campaña, y Odebrecht se convertirá en una de las principales oportunidades de llegarle a la ciudadanía con un discurso de aburrimiento frente a la corrupción y los pocos avances en materia de infraestructura que vive el país actualmente.
Mientras tanto, en silencio trabaja el grupo AVAL para recuperar los 1,2 billones de pesos que invirtieron y que por poco sus amigas la ministra de transporte Angela Maria Orozco y la primera vicepresidenta mujer de Colombia Martha Lucía Ramírez logran concretar. Colombia se salvó de pagar una suma importante de dinero a un grupo empresarial que está altamente involucrado en esta trama de corrupción.
Colombia debería seguir el ejemplo de Perú en donde su justicia ha llevado a la cárcel a los últimos cuatro ex-presidentes que han estado envueltos con contratos o favorecimiento de los mismos para la multinacional con origen en Brasil.
Comments